La política y los videojuegos nuevamente dan de que hablar, en esta ocasión, ha sido el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Antonio Cuéllar Steffan, quien propuso ante Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley que pretende reformar el artículo 68 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para evitar la venta de los videojuegos con contenidos violentos o sexuales, mismos que Cuéllar asegura, representan un riesgo para el sano desarrollo del sector al ser un segmento vulnerable de la población; así pues, al ser quebrantada esta ley (en el caso de ser implementada), los responsables podrían ser sancionados hasta con $2 millones de pesos (mexicanos) pues la venta a menores de edad pasaría a ser delito independientemente de la clasificación del videojuego.
Con esto, el diputado federal pretende evitar que el vínculo supuestamente directo entre los videojuegos violentos y la violencia real sea nulo; este punto de debate ha precedido en la sociedad durante años, sin embargo aún no es un hecho, ya que no existe actualmente un estudio concluyente que demuestre tal relación; de hecho se propuso anteriormente la probabilidad de que se esté identificando el problema equivocado en esto de la agresión mediática y agresión en la vida cotidiana, pues dejan de lado muchos otros factores evidentes como la pobreza o la falta de educación.
Ultimadamente, todos sabemos que cada videojuego posee una clasificación y que son los padres quienes toman la última decisión; si la tienda o cadena de tiendas desconoce a qué público va dirigido un juego violento cuya venta es realizada a un mayor de edad, ¿qué culpa tendrían? Compartan sus opiniones en la caja de comentarios y a través de las redes sociales.
